Co-Hábitat : vivienda social colectiva para familias que habitan en cuarterías por consecuencia de pandemias, crisis económicas, sanitarias o naturales en el distrito de Pavas

Abstract

El fenómeno de las cuarterías ha existido en Costa Rica desde el inicio de los procesos de urbanización en el centro de San José, aproximadamente desde la década de los 70’s. Sin embargo, a pesar de la desigualdad social que esto representa para muchas personas y familias, ha sido un fenómeno fantasma que ha permanecido oculto ante los ojos de los ciudadanos costarricenses, pero no ante la realidad de los números. Actualmente, existen datos que afirman que en el país hay entre 8000 y 10000 cuarterías, de las cuales aproximadamente 400 se ubican en el cantón central de San José y albergan cerca de 15000 personas.

Con la reciente crisis sanitaria ocasionada por el virus de la covid-19 entre el 2020 y el 2022, la cual repercutió en un aumento exponencial del desempleo, despidos masivos, pérdida de negocios, cierre de pequeñas y medianas empresas, lo cual afectó directamente en la inflación, alza de los precios en muchas áreas como la vivienda y alimentación, influyendo sobre la capacidad adquisitiva de muchas familias para poder alquilar un hogar donde vivir. El traslado masivo de personas que dejaron de alquilar un hogar por falta de ingresos suficientes provocó que saliera a la luz el fenómeno que había estado oculto a los ojos de los costarricenses. Cientos de personas se vieron obligadas a permanecer en aislamiento social, en las condiciones insalubres y de hacinamiento que caracterizan a las cuarterías. La mayoría de estas personas se dedican al trabajo en el sector informal, por lo que al no poder salir de las cuarterías no podían ganarse el sustento diario y se vieron a la suerte de esperar a recibir alimentos y suministros de limpieza y desinfección para mitigar los contagios en medio de más de 50 personas que habitan un solo espacio. Por otro lado, la presencia de niños, adolescentes y adultos mayores genera aún más preocupación al ser población con mayor vulnerabilidad ante las crisis económicas o sanitarias, así como también todos estos niños y adolescentes se vieron privados de poder recibir lecciones virtuales ante la falta de un espacio adecuado para estudiar y sin acceso a una red estable de internet. En Latinoamérica empieza un movimiento de replantear los proyectos de vivienda social, del cual Costa Rica no queda exenta. Dejando de lado el ver dichos proyectos como una mercancía y soluciones cuantitativas, a buscar el bienestar y derechos de las personas usuarias, retomando en primer lugar el derecho a una vivienda digna y en segundo lugar, evitando las soluciones horizontales que generan caos en la trama urbana. Es así como el proyecto “Co-Hábitat: Vivienda social colectiva para familias que habitan en cuarterías por consecuencia de pandemias, crisis económicas, sanitarias o naturales en el distrito de Pavas”, pretende generar una solución de vivienda social colectiva que satisfaga las necesidades de familias que, durante este tipo de situaciones adversas como pandemias o crisis económicas, se ven obligadas a vivir en condiciones inhumanas e insalubres. Dichas familias y personas, como seres humanos, merecen y tienen derecho a una vivienda digna y adecuada donde puedan desarrollarse como personas, estudiantes y trabajadores y enfrentar futuras emergencias sanitarias.

The phenomenon of tenement has existed in Costa Rica since the beginning of the urbanization processes in downtown San José, approximately since the 1970s. However, despite the social inequality that this represents for many people and families, it has been a phantom phenomenon that has remained hidden from the eyes of Costa Rican citizens, but not from the reality of the numbers. Currently, there are data that state that there are between 8,000 and 10,000 tenements in the country, of which approximately 400 are located in the central canton of San José and house nearly 15,000 people. With the recent health crisis caused by the covid-19 virus between 2020 and 2022, which had an exponential increase in unemployment, massive layoffs, loss of business, closure of small and medium-sized companies, which directly affected inflation, rising prices in many areas such as housing and food, influencing the purchasing power of many families to be able to rent a home to live. The massive relocation of people who stopped renting a home due to lack of sufficient income brought to light the phenomenon that had been hidden from the eyes of Costa Ricans. Hundreds of people were forced to remain insocial isolation, in the unsanitary and overcrowded conditions that characterize tenements. Most of these people are engaged in work in the informal sector, which is why, unable to leave the cuarterías, they could not earn their daily livelihood and were lucky enough to wait to receive food and cleaning and disinfection supplies to mitigate contagion in the midst of more than 50 people living in a single space. On the other hand, the presence of children, adolescents and older adults generates even more concern as they are a population with greater vulnerability to economic or health crises, as well as all these children and adolescents were deprived of being able to receive virtual lessons due to the lack of of an adequate space to study and without access to a stable internet network. In Latin America, a movement to reconsider social housing projects begins, from which Costa Rica is not exempt. Leaving aside seeing these projects as a commodity and quantitative solutions, to seek the well-being and rights of the users, resuming in the first place the right to decent housing and secondly, avoiding horizontal solutions that generate chaos in the urban plot. This is how the project “Co-Habitat: Collective social housing for families that live in tenements as a consequence of pandemics, economic, health or natural crises in the district of Pavas”, aims to generate a collective social housing solution that meets the needs of families that during these types of adverse situations such as pandemics or economic crises, are forced to live in inhuman and unhealthy conditions. These families and individuals, as human beings, deserve and have the right to decent and adequate housing where they can develop as individuals, students, and workers and face future health emergencies.